Cuidado con los asesores

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Tomada del perfil de Facebook de la CIBIOGEM

A finales de octubre pasado una delegación del gobierno ecuatoriano integrada por funcionarios encargados de la bioseguridad de organismos genéticamente modificados, entre ellos el Dr. Ángel Onofa Guayasamín (responsable de la Unidad de Bioseguridad del Ministerio del Ambiente del Ecuador), realizaron una visita a México durante la cual recibieron capacitación en materia de regulación de transgénicos por parte de funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).

El encuentro entre funcionarios ecuatorianos y mexicanos no tendría mayor relevancia, pues a nivel internacional es común la capacitación y el intercambio de experiencias entre funcionarios de diversos países, particularmente cuando se asume que en alguno de ellos existen avances que pueden ser de utilidad para otros gobiernos. Sin embargo, es justo por eso que resulta interesante observar con qué entidades busca asesoría el gobierno del Ecuador en materia de alimentos transgénicos.

Como ya es sabido, el 10 de octubre pasado un Juez Federal ordenó la suspensión de todos los permisos para la siembra de maíz transgénico en México en respuesta a una demanda ciudadana que reclama el derecho colectivo al acceso a la biodiversidad del maíz. Las solicitudes para sembrar maíz transgénico que se encuentran en suspenso a partir de entonces son mayoritariamente promovidas por Monsanto, Syngenta, Pioneer y Bayer. La decisión del Juez permitiría un debate público en el que tendrían que ser escuchadas las opiniones de diversos sectores de la sociedad mexicana.

Sin embargo, hace pocos días la SAGARPA y el secretario que la representa iniciaron una acción legal para echar abajo la suspensión de los permisos para la siembra de maíz transgénico, es decir, salieron en defensa de los intereses de empresas trasnacionales rehuyendo la oportunidad para el debate público y mostrando la posición del gobierno federal mexicano ante el tema.

Por su parte, la CIBIOGEM, otro de los organismos que capacitó a los funcionarios del Ecuador, se ha mostrado desde hace varios meses no como un organismo regulador, sino más bien como una filial de promoción y vocería de las empresas que pretenden sembrar maíz transgénico a gran escala en México, dirigida particularmente a convencer a jóvenes universitarios y a niños.

Resulta preocupante entonces que el gobierno ecuatoriano acuda a estas instituciones mexicanas para asesorarse en materia OGMs.

Tiene razón el presidente Rafael Correa cuando dice que no debe haber un temor irracional en torno a la biotecnología moderna; tiene razón cuando expresa que las herramientas moleculares han permitido grandes avances en materia de salud e industria. La biotecnología no es el problema, el problema es para el beneficio de quién es utilizada, el problema es que se le conceptualiza limitadamente en la fabricación de transgénicos y cisgénicos, el problema es que se adopta como el “nuevo” paradigma de desarrollo agroalimentario sin observar que ha fracasado como tal y que conlleva graves problemas para el ambiente, la salud y la economía.

Cuando el presidente Correa refiere como “novelería” la oposición a la siembra y uso de plantas transgénicas como alimento parece ignorar toda la serie de investigaciones publicadas en revistas científicas que demuestran nulo aumento en la productividad, daños a la salud, contaminación de variedades nativas y efectos ambientales desastrosos por el uso de genotipos resistentes al glifosato y glufosinato de amonio -a los que más de 70% de las semillas transgénicas están asociados.

Cuando el presidente Correa dice: “dejemos a los científicos que nos expliquen qué son los transgénicos” también tiene razón, debe escucharse la opinión de gente formada técnica y teóricamente al respecto, sin embargo, no debe olvidarse que “los científicos” no son entes ajenos a intereses personales, económicos y a posiciones políticas: la ciencia no es neutral, la ciencia avanza en una dirección o en otra en función de paradigmas e intereses diversos.

Por ejemplo, en México la opinión del Dr. Mario Soberón (IBT-UNAM) o de la Dra. Beatríz Xoconostle (CINVESTAV-IPN), ambos biotecnólogos reconocidos, es abiertamente favorable al uso de maíz transgénico. Esto no es extraño, pues tienen en su historial de investigación plena relación con el desarrollo de OGMs; en el caso del Dr. Soberón ha logrado patentes, mientras que la Dra. Xoconostle tiene en curso el desarrollo de un maíz modificado genéticamente. Sus opiniones son valiosas, pero encierran conflictos de interés, por no abundar en algunas prácticas en las que incurren para la defensa de sus opiniones (el Dr. Soberón fue internacionalmente cuestionado por alterar imágenes en un artículo científico que pretendía publicar relacionado con el uso de transgenes de Bacillus thuringiensis, mientras la Dra. Xoconostle ha puesto una pírrica mazorca de 5 cm de diámetro como ejemplo de lo que representa el maíz nativo mexicano frente a los desarrollos transgénicos y cisgénicos).

¿Por qué el gobierno ecuatoriano quiere adoptar la línea tecnocientífica de los transgénicos? ¿No existen en Ecuador investigaciones en torno a los sistemas de mejoramiento biotecnológicos no transgénicos ni cisgénicos? ¿Por qué no promover el desarrollo de otras líneas de investigación científica con la misma vehemencia?

En México, Jaime Padilla (director científico de AgroBIO), declaró que un evento –un transgénico liberado comercialmente-, demora 13 años en promedio y cuesta alrededor de 130 millones de dólares, mientras que, de acuerdo con investigaciones del INIFAP y de investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo, por métodos convencionales se pueden obtener plantas mejoradas en un periodo de entre 7 y 9 años, con un costo de alrededor de 4 millones de dólares, sumando el aporte sustancial de que ese mejoramiento puede hacerse en combinación de metodologías participativas y, desde luego, de herramientas biotecnológicas modernas como los marcadores de selección, entre otras.

Sin títuloEl debate en torno a la siembra y uso de transgénicos como alimentos es sin duda un tema que concierne a la sociedad ecuatoriana, sin embargo, es necesario que los ciudadanos ecuatorianos sepan quiénes son algunos de los asesores que están capacitando a sus funcionarios, particularmente cuando desde su presidencia se alude la necesidad de información seria, científica, objetiva e imparcial, pero se acude a instancias como SAGARPA y CIBIOGEM que en México defienden abiertamente el interés privado, aún en contra de dictámenes como los de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad, que ha sido ignorada cuando ha rechazado siembras experimentales de maíz que ponen en riesgo variedades nativas.

Estos asesores del gobierno ecuatoriano muestran en los hechos un rechazo al debate de cara a la sociedad, descalifican el interés público y son opacos en cuanto al acceso a la documentación relativa a estudios de calidad e inocuidad de los OGM para los que ya han otorgado permisos y para los que están pendientes.

Finalmente, el debate que se desarrolla en Ecuador en torno a la definición de qué es un transgénico y su trazabilidad para regular el etiquetado es sin duda un gran avance, pues luego de 14 años de legislado, es posible que los consumidores ecuatorianos puedan elegir a partir del año próximo consumir o no un alimento transgénico o con ingredientes de ese origen. Por ese derecho aún se está pugnando en México, donde se puede elegir –si tienes dinero-, entre 20 marcas de refrescos o de pantalones, pero no se puede elegir en cuanto a lo que nos alimenta.

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